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Informe Semanal de los Mercados

“Brasil: Una reforma necesaria, urgente e ¿inminente?”

Durante la semana, la administración del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro dio a conocer al Congreso su propuesta de reforma a la seguridad social. Más allá de ser un tema altamente impopular, la reforma ha acaparado la atención ya que se ha mostrado como la única capaz de volver a poner en orden la situación financiera del fisco.

La propuesta de reforma, de aprobarse tal cual se plantea, podría generar ahorros en los próximos 10 años en torno a BRL 1.16 trillions (aprox. USD 300 billions; nomenclatura anglosajona), cifra considerablemente mayor a los BRL 800 billions que se esperaba ahorrara la reforma propuesta por la administración de Michel Temer en el mismo período. Según el Gobierno, en torno al 60% de los ahorros vendrá de parte de los cambios en las reglas de retiro de trabajadores privados (BRL 715 billions), mientras que tan sólo un 15% sería producto de las modificaciones en las reglas de trabajadores públicos (BRL 173.5 billions).

Si bien, estas cifras son positivas, el trayecto que debe recorrer esta reforma es largo y lo más probable es que el impacto estimado se vaya diluyendo a medida que la propuesta avance por ambas cámaras en el Congreso. Es poco probable que una reforma de pensiones atraviese la Cámara Baja y el Senado sin que algunos de sus temas controversiales  no sean intervenidos.

Principales elementos de la reforma previsional

Dentro de lo más destacable de la propuesta de la reforma a la seguridad social se encuentra: (i) el cambio en la edad  mínima de jubilación y tiempos mínimos de contribución al sistema, (ii) definición de reglas de transición, (iii) beneficios para la tercera edad de menores ingresos, (iv) la adopción de un sistema de capitalización individual, alternativo al sistema actual.

Los trabajadores para poder optar a la jubilación deberán haber contribuido al menos durante 20 años al sistema (actualmente es 15 años), manteniéndose un mínimo de edad de 65 años para los hombres y aumentando a 62 años para las mujeres. Asimismo, se elimina la posibilidad de retirarse luego de un determinado tiempo de contribución. (Actualmente los trabajadores pueden retirarse independientemente de su edad luego de haber contribuido al sistema durante 30 años las mujeres y 35 años los hombres). Por otra parte, los trabajadores rurales verían incrementada a 60 su edad mínima de jubilación (tanto hombres y mujeres) y pasan de 15 a 20 años el tiempo mínimo de contribución al sistema.

La reforma considera tres alternativas de transición para los trabajadores del sector privado (sistema de puntuación basado en edad y contribución, beneficio según edad y tiempo de contribución, y un factor de previsión) mientras que, para los trabajadores del sector público, la transición se basa en un sistema de puntos, basado en la edad del trabajador y el tiempo de contribución/años de trabajo en el sector público. La etapa de transición se llevará a cabo durante los siguientes 12 o 14 años luego de la aprobación, dependiendo del régimen elegido (la reforma propuesta por Temer proponía 20 años de transición).

En el caso del sistema de capitalización individual, será dependiente de una reforma enviada separadamente al congreso, pero dentro de las propuestas que conforman un borrador se encuentran un sistema de contribución definida, que garantiza un salario mínimo a través de un fondo solidario, cuyos activos serán administrados por una entidad elegida por los trabajadores y que los administradores estarán regulados por un órgano gubernamental que velará por la transparencia.

Por otro lado, los cambios al sistema de pensiones de la milicia, los cuales el gobierno dará a conocer en máximo 30 días más, podrían incrementar aún más los ahorros y se aplicaría también a las policías y bomberos.

El camino que debe seguir la reforma

La propuesta una vez entregada a la Cámara de Representantes comienza su proceso de aprobación. Lo primero será el análisis en el Comité Constitucional y de Justicia (CCJC), luego se crea un comité especial para discutir la reforma. Luego puede someterse a una discusión y doble votación en la Cámara Baja, que requiere 60% de aprobación, o 308 diputados que voten en favor.

Si la reforma alcanza esa mayoría en ambas ocasiones pasa al Senado, donde nuevamente es evaluada por un CCJC, que tiene 30 días para analizar la reforma propuesta. Si se aprueba, entonces, pasa a doble votación en el Senado, también necesitando 60% de aprobación (49 senadores a favor). Si la reforma atraviesa ambos escrutinios, entonces puede ser firmada por el presidente como ley. Si se aprueba con cambios debe volver a la Cámara Baja y repetir el proceso anteriormente descrito, pasando de una cámara a otra hasta que ambas aprueben la misma propuesta. En caso de rechazarse en cualquiera de las votaciones, se desecha la reforma.

Si bien, esta reforma se percibe como completa y exhaustiva, definitivamente tiene un camino largo por recorrer, aunque las expectativas del gobierno apuntan a que la votación en la Cámara de Diputados se llevará a cabo antes de que termine la primera mitad de 2019. Este extenso proceso definitivamente traerá cambios, destiñendo las cifras estimadas por el gobierno, e incorporando ciertas modificaciones. Dentro de los puntos que se espera haya mayor renuencia destaca el corto período de transición, los cambios en las reglas de retiro de los trabajadores rurales y profesores, y las mayores contribuciones de parte de servidores públicos.

 

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